Por primera vez los cuatro gobiernos se presentan con una posición común ante el sistema interamericano de derechos humanos. La problemática que afecta a 25 millones de latinoamericanos. Muchos viven en Estados Unidos y Canadá.
El miércoles los cuatro países del Mercosur solicitarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mayor regulación para niños migrantes.
La problemática se centra en los menores de edad que son detenidos en dependencias policiales de los países de destino donde migran. Será la primera vez que los cuatro gobiernos se presentan con una posición común ante el sistema interamericano de derechos humanos. En diálogo con Página/12, el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich, explicó la problemática que afecta a 25 millones de latinoamericanos que viven en Estados Unidos y Canadá mayoritariamente. “No hay un número exacto de cuántos son niños, pero es una parte sustancial de los migrantes. A veces son niños que viajan con sus padres, pero otras veces lo hacen solos. A veces para reagruparse con sus padres en los países de destino, a veces ellos mismos saliendo de situaciones económicas, sociales o escapando de situaciones de violencia”, explica Abramovich.
–¿Eso aplicaría al concepto de refugiados?
–En algunos casos encuadran el concepto porque son casos de persecución.
–No es el caso de los cuatro países del Mercosur.
–No, pero en algunos casos se podría encuadrar si pensamos en los chicos que se desplazan con temas vinculados a problemas de violencia en Colombia. Pero lo que hay son flujos mixtos, porque son migraciones centralmente económicas que pueden estar vinculadas a persecución política y otros temas de violencia, como crimen organizado u otros tipos de violencia que impiden acceder a la satisfacción de necesidades económicas o sociales.
–¿Esta presentación se circunscribe a los cuatro países del Mercosur o a toda la región?
–La Corte fija una interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (DD.HH.) que rige en casi todos los países de América latina y el Caribe. Pero el debate previo que se da y que se presenta en la solicitud de Opinión Consultiva es sobre cómo deberían ser las políticas públicas migratorias para respetar estándares básicos de DD.HH. Es una iniciativa con componente político, de fijar posición del Mercosur de cara a los demás países del continente para dar un debate a nivel global.
–Existieron casos, como el del niño boliviano que la policía migratoria de España dejó detenido solo en 2009, en una dependencia del aeropuerto de Barajas. ¿Qué pueden hacer los estados ante esto?
–Un primer planteo es la posición de los países del Mercosur de impugnar cualquier forma de criminalización de la irregularidad migratoria. La segunda cuestión importante es la necesidad de incorporar en los procedimientos migratorios un enfoque diferenciado que tenga en cuenta la situación de los niños que migran solos. En muchos países, tanto la legislación como las políticas públicas autorizan a detener niños por motivos migratorios. Ya sea porque ingresan sin permiso de un país o porque vencen los permisos de residencia. La detención de niños se produce como medida cautelar para hacer efectiva una orden de expulsión. Hay muchos chicos que sonprivados de la libertad por motivos migratorios, en cárceles comunes, muchas veces en comisarías y en lugares como estaciones migratorias. Como un régimen penitenciario.
–Mas allá del impulso del Mercosur por instalar este tema, ¿en qué medida aparece en las agendas de los estados?
–Es un tema relevante a nivel regional y global. Los países de América latina tienen un debate fuerte con Estados Unidos y Canadá por su política migratoria y en particular por el endurecimiento de algunos estados, como la legislación en Arizona. La CI se pronunció sobre aprobar una Opinión Consultiva acerca de los derechos migratorios laborales de México. También sobre la obligación de informar sobre el derecho a contar con asistencia consular de los migrantes cuando son sujetos a procesos penales.
–El experto español Javier De Luca definió a la Unión Europea como un espacio decadente que no garantiza los derechos de los refugiados que desembarcan en Malta y Lampedusa desde Libia y Siria.
–Mientras los países del Mercosur van avanzando a un mayor reconocimiento del derecho de los migrantes, mayor apertura de sus fronteras y ajustar la legislación migratoria estándar de DD.HH., está la Unión Europea de un lado y Estados Unidos del otro cada vez con políticas más restrictivas, por eso es un debate político lo que se promulga.
Informe: Juan Nicenboim.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-175514-2011-08-28.html
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